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Derechos de Propiedad Intelectual

Regulado:

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Objeto de protección:

La propiedad intelectual está integrada por una serie de derechos de carácter personal y/o patrimonial que atribuyen al autor y a otros titulares la disposición y explotación de sus obras y prestaciones.

Protege las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio, tales como libros, escritos, composiciones musicales, obras dramáticas, coreografías, obras audiovisuales, esculturas, obras pictóricas, planos, maquetas, mapas, fotografías, programas de ordenador y bases de datos. También protege las interpretaciones artísticas, los fonogramas, las grabaciones audiovisuales y las emisiones de radiofusión

Sujeto y Contenido del derecho:

La Ley confiere al autor o titular un derecho moral y de explotación.

Derechos de carácter personal o derechos morales:

Frente a los sistemas de corte anglosajón, la legislación española es claramente defensora de los derechos morales, reconocidos para los autores y para los artistas intérpretes o ejecutantes. Estos derechos de carácter personal son irrenunciables e inalienables, acompañan al autor o al artista intérprete o ejecutante durante toda su vida y a sus herederos o causahabientes al fallecimiento de aquéllos. Entre ellos destaca el derecho al reconocimiento de la condición de autor de la obra o del reconocimiento del nombre del artista sobre sus interpretaciones o ejecuciones, y el de exigir el respeto a la integridad de la obra o actuación y la no alteración de las mismas.

Derechos de carácter patrimonial:

Hay que distinguir entre:

a. Derechos relacionados con la explotación de la obra o prestación protegida, que a su vez se subdividen en derechos exclusivos y en derechos de simple remuneración:

Los derechos exclusivos son aquéllos que confieren a su titular el poder jurídico de autorizar previamente ciertas formas o actos de explotación respecto de su obra o prestación protegida, con la posibilidad de obtener una retribución

Los derechos de simple remuneración, también conocidos bajo la denominación de "licencias obligatorias", son aquellos que la ley concede a determinados titulares, en virtud de los cuales éstos pueden exigir a la persona que explota su obra o prestación protegida el pago de una suma de dinero, bien determinada en la ley (licencia legal obligatoria), o fijada por cualquier otro procedimiento (negociación a nivel sectorial, tarifas generales de la entidad de gestión, etc). Estos derechos, frente a los "exclusivos", son considerados "menores".

b. Derechos meramente compensatorios, como el derecho por copia privada que compensa los derechos de propiedad intelectual dejados de percibir por razón de las reproducciones de las obras o prestaciones protegidas para uso exclusivamente privado del copista.

Ambito de aplicación del derecho:

Todos aquellos países pertenecientes a los Tratados y Convenios Internacionales para la defensa de los derechos de autor y, en general, en aquellos países que exista con España una reciprocidad en esta materia.

Duración del derecho:

En el supuesto de ser el autor el titular de los derechos de explotación, éstos durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.

Para las personas jurídicas o físicas distintas del autor los derechos de explotación finalizarán a los setenta años, computados desde el día uno de enero del año siguiente al de la fecha de divulgación lícita de la obra o al de su creación si no hubiera sido divulgada.

Transmisión de los derechos:

En caso de fallecimiento los derechos del autor pasarán a sus herederos legales.

Los derechos de explotación podrán ser cedidos de manera exclusiva o de forma no exclusiva, pudiéndose limitar su tiempo de duración y el ámbito territorial de aplicación.

La cesión de los derechos deberá formalizarse siempre por escrito. En el supuesto de que se realice en un documento privado, éste deberá ser ratificado ante un Notario o un funcionario público competente del Registro de la Propiedad Intelectual.

 

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